Grupo de Consumo Autogestionado de Jaén

Prospecciones en Canarias y el Mediterráneo

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El 26 de julio de 2013 empezó la recogida mundial de firmas emprendida por la plataforma savecanarias.org con el objetivo de salvar las Islas Canarias de la amenaza de las multinacionales petrolíferas. La movilización había empezado poco después de que el Gobierno autorizara a Repsol la prospección de petróleo en las aguas de Fuerteventura y Lanzarote: el 24 de marzo de 2012 hubo grandes manifestaciones en las capitales de las siete islas. Una rara unanimidad de pareceres se imponía; en la oposición a las prospecciones confluían el presidente autonómico, el parlamento insular, los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, la patronal hotelera, los patrones de pesca, los partidos políticos, los sindicatos oficiales, los ecologistas, las ong ambientales, los intelectuales patentados, los científicos independientes… Tamaño «frente cívico», oportunismos aparte, no reflejaba sino la convergencia local de intereses económicos y políticos dispares, todos ellos perjudicados gravemente por los poderes que representa el petróleo. La dependencia absoluta del petróleo del desarrollo capitalista hace de éste un factor estratégico primordial, primando sobre cualquier otra consideración. Los intereses globales del capitalismo, a los que se supeditan todos los estados del mundo, van por delante de los intereses particulares de tal o cual sector de la sociedad capitalista, y eso vale tanto para la península Ibérica como para las islas que dependen administrativamente de ella. Estamos ante un conflicto interno del capitalismo, debido fundamentalmente a la oposición surgida en el archipiélago canario entre el mercado mundial del petróleo y la industria turística isleña. En efecto, a pesar de que se invoquen las especies protegidas, los recursos pesqueros, las desaladoras, los valores paisajísticos o incluso el cambio climático, todo bajo la espada de Damocles de la contaminación por vertidos y las mareas negras, el turismo de masas es el eje sobre el que pivota la protesta ciudadanista. En ese punto todas las fuerzas que dirigen la sociedad canaria coinciden: el ecologismo es simplemente el disfraz adoptado por los intereses capitalistas locales, muy «a favor del progreso pero con respeto al medio ambiente», a favor pues del petróleo, tal como demuestra la promoción de los puertos que hace el gobierno canario ante las petroleras ofreciéndolos como base. El manifiesto «Por un archipiélago canario libre de petróleo» no menciona el negocio del tránsito de buques cisterna y plataformas, que deja cerca de un millón de euros diarios, ni se pronuncia sobre la libertad de otras servidumbres. Así el «derecho a la preservación del territorio» pierde legitimidad al mostrarse como vulgar argumento contra la devaluación de su precio en el mercado turístico y residencial. El turismo es el principal monocultivo de las islas, de él dependen más de la mitad de los puestos de trabajo y la cómoda existencia de un empresariado autóctono, indiferente a la biodiversidad y al calentamiento global. ¿O es que la presión de doce millones de turistas al año no altera el equilibrio con la naturaleza, no contamina y no condiciona la estructura social? Los «daños a la imagen turística» y las «serias pérdidas de ingresos por turismo» son las verdaderas preocupaciones de los dirigentes isleños, convencidos de que no hay otra alternativa para el crecimiento económico insular y de que éste es incompatible con la industria petrolera. El turismo industrial es ese «modelo de desarrollo sostenible respetuoso con los recursos naturales» del que habla el presidente del gobierno autonómico y que, de acuerdo con los ecologistas de despacho, no se priva de apostar por «el sol, el viento y el mar», en definitiva, por las seudorenovables industriales, en manos de multinacionales semejantes a Repsol, creadoras de puestos de trabajo y «complemento perfecto para ser competitivos.»

Por desgracia, la oposición a las prospecciones en la costa mediterránea peninsular y en las Baleares sigue por idénticos derroteros, aunque la presencia institucional no sea tan unánime: los gobiernos autonómicos están tanto del lado del petróleo como de las falsas renovables. Por eso la amalgama conservacionista, turística y ciudadanista de las campañas contra las prospecciones preocupa menos al poder establecido. El éxito de las manifestaciones del 22 de febrero en Castellón, Palma, Ibiza y Mahón, que han contado con «el respeto» del ministro «de Industria, Energía y Turismo», no se ha traducido en un rechazo a la sociedad de consumo. Entre los manifestantes se encontraban todos los partidos, incluso el pp y el presidente del gobierno balear, el responsable de marginar el catalán de la enseñanza. La venta del Mediterráneo por parcelas a las multinacionales petrolíferas, inaugurada con el gobierno socialista anterior, pone en peligro las bases de la corrupción urbanística, el verdadero modus vivendi de los políticos.

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